El gobierno municipal de Cochabamba ha decidido dejar en la calle a aproximadamente 300 obreras del PLANE (Plan Nacional de Empleo de Emergencia). Se trata de mujeres trabajadoras pobres, muchas de ellas enfrentan la maternidad en soledad, y que en total abandono han optado por este tipo de empleo temporal, con los sueldos más bajos, sin beneficios, aguinaldos, etc. Es decir, un empleo caracterizado por la precarización y comandado por el propio Estado, en este caso la alcaldía cochabambina.
Está de por medio la licitación
de la limpieza de la laguna Alalay a una microempresa. Y vaya a saberse cuál y
en qué condiciones. Es secreto a voces
que los procesos de licitación en las instituciones del Estado se realizan a
base de negociados y coimas.
PLANE, el rostro de la
precarización laboral femenina
El PLANE pone al descubierto la
cara antiobrera y de políticas de precariedad laboral de los gobiernos neoliberales
-que el MAS se apropia como suyos. El Estado boliviano en 2001 se calzó el
látigo de patrón para superexplotar directamente a obreros, en vez de ofrecer
empleos de calidad y bien pagados. Todo
esto lo hizo con el pretexto de que el Estado impulsaba los empleos,
incrementaba la “transferencia de recursos a los más pobres”, cuando en
realidad participaba del festín de fuerza laboral desesperada.
El PLANE ofrece empleos
temporales, sin beneficios sociales y con un sueldo miserable; por la
realización de trabajos de mantenimiento de obras, empedrado de aceras,
limpieza de canales, etc. Un trabajo esforzado y mal pagado, que es desempeñado
generalmente por mujeres. Son tan duras
las tareas que el programa no acepta mujeres en estado de gestación por el
esfuerzo físico que requiere este tipo de empleo.
Este tipo de políticas pone de
manifiesto la vía adoptada por los gobiernos en el tema empleo: la
flexibilización laboral. Un requisito
para “beneficiarse” con el PLANE es ser parte de la población vulnerable
(mujer, pobre, joven, desempleado). Es decir, estar en una situación de
desesperación tal que se vuelva necesario aceptar cualquier trabajo, precario,
temporal y mal remunerado, sin seguridad social de ningún tipo. Puesto que la persona es contratada sólo por
el lapso de tiempo que dure la obra, que puede ser desde una semana hasta 3
meses, y luego entra en paro hasta esperar un nuevo contrato. Y es que el en capitalismo ser superexplotado,
resulta siempre mejor que ser desempleado.
Política de generación de empleo
en Bolivia: precariedad, sobre todo
Más allá que el PLANE -fracaso,
porque no pudo paliar el desempleo- el gobierno se jacta de que los niveles de éste
han disminuido. “Hemos presentado el dato oficial al cuarto trimestre del año
2017 que da cuenta que la tasa de desempleo es de 4,48 %, que nos sitúa entre
los países que tenemos la menor tasa de desempleo de la región”, se llenaba
la boca la ministra de Planificación, Mariana Prado. (El Deber, 2018). Sin embargo, lo cierto es que en Bolivia no
hay que buscar en el nivel de empleo, pues el problema en el país radica en que
los empleos son los de peor calidad, y muchas veces “autoempleos”.
¿Quién en Bolivia puede decir que
tiene un empleo estable, bien remunerado, con beneficios sociales y que no sea
en condiciones de superexplotación?
Sucede que las cifras oficiales
de desempleo tienen a ocultar el subempleo. Datos de desempleo bajos en un
país, puede ser síntoma de que existe un gran mercado laboral informal o que
muchos potenciales trabajadores se han rendido y han dejado de buscar
trabajo. “Economistas del Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), han advertido que una
gran parte del empleo pertenece al sector informal, lo que los hace muy
precarios.” (EL DIA 2018).
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| Evo Morales y la Ministra de Planificaciòn anunciando el Plan Generación de Empleo, junto a la Confederaciòn de Empresarios privados y la CAINCO |
El Plan de Generación de Empleo,
subsidio a la ganancia de la patronal
La política estatal en torno al
empleo, no es prioridad, aunque así pretendan mostrarlo con su reciente Plan de
Generación de Empleo (PGE). Recordemos que, sin remordimiento alguno, el
gobierno dejó a 1200 trabajadores en la calle, con el cierre de Enatex en 2016.
Mismo destino que sufrieron los trabajadores de Ecobol (correos de Bolivia) a
principios de 2018.
Si tenemos en cuenta que en el
país la población económicamente activa asciende al 61,1% (casi 7 millones
de habitantes) y que con cifras oficiales 600 mil personas estarían
desempleadas en el país, el tan publicitado PGE (puesto en marcha por el
Ministerio de Planificación y Desarrollo en 2017), es insuficiente. Se propuso
generar 58 mil empleos a mediano plazo, y de 2018 a 2019 habría generado apenas
6 mil empleos.
Pero no sólo tiene un limitado
alcance, hay que observar también la calidad del empleo. Se trataría de empleos
que están en el marco de proyectos de infraestructura y mejoramiento urbano o
rural. “Estos puestos de trabajo fueron temporales. Lo que ha generado este
plan, en mayor número, son empleos temporales, es decir, más empleos precarios”
aseguraba investigador Bruno Rojas en una entrevista a Correo del Sur (julio de
2018).
Como si no fuera poco, el Plan
involucraba incentivos a las instituciones y empresas privadas que promuevan la
inserción laboral. El estado se haría cargo de los costos del pago a la Caja
Nacional de Salud, y no la empresa privada. De este modo la empresa tendría un
ahorro de alrededor de un 30%, es decir que el Estado asumiría costos que
debiera asumir la patronal de la empresa privada. Y en el caso de los empresarios que ingresan
a licitaciones realizadas por el estado y que contratan trabajadores jóvenes,
reviven una bonificación del 5%[1].
Así, los planes de generación de empleo,
no terminan beneficiando a los trabajadores, sino a la patronal, a quienes el
“proceso de cambio” les termina subsidiando la ganancia.
Es ahora, cuando las organizaciones de izquierda y aquellas que dicen defender los derechos de las mujeres debieran manifestarse y solidarizarse contra el despido de las trabajadoras del PLANE.
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